Apuntes sobre el tercer módulo del curso de Obra Semana, sobre guerras y procesos de paz.
El conferencista Eduardo Pizarro Leongómez es miembro de una familia interesante y en la que se encuentran importantes burócratas, académicos y revolucionarios. Conoce de primera mano la historia de la guerra y la paz en Colombia, y es un destacado estudioso y autor sobre el tema.
Siendo el conflicto armado interno uno de los nueve más prolongados del mundo, la experiencia en materia de procesos de paz es de igual forma extensa en Colombia. El primer proceso lo inició en 1984 el entonces Presidente Belisario Betancur, con Carlos Lleras Restrepo como primer presidente de la Comisión de Paz, seguido luego de su renuncia por Otto Morales Benítez, quien a su vez dejó el cargo manifestando que existían numerosos "enemigos agazapados de la paz".
La paz fue el tema central del gobierno de Betancur, buscando terminar el conflicto con el M-19, lo cual lo llevó al enfrentamiento con la cúpula militar, que buscaba la victoria definitiva a través de las armas, al haber sufrido derrotas en múltiples combates con el grupo guerrillero. En este contexto de iniciativa presidencial por la paz, militares en contra de ella y grupos guerrilleros en combate, se da la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla y la retoma del ejército. Las heridas de este capítulo de la historia contemporánea siguen abiertas y apenas comienza a conocerse la verdad sobre el sangriento episodio que sucedió hace treinta años.
El modelo de negociación colombiano que inicia en 1984 y continúa hasta la fecha, se caracteriza por ser bilateral, entre el gobierno y un movimiento guerrillero a la vez. Esto conlleva a la existencia de varios postconflictos y al estado de guerra permanente del Estado, que negocia con un grupo, pero sigue en combate con el resto (M-19, EPL, Quintín Lame, etc).
Las características naturales de Colombia definen la problemática y la extensión en el tiempo del conflicto armado. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard ubica a Colombia en el segundo puesto mundial en cuanto a complejidad geográfica, después de Afganistán. Tres cordilleras, diversos valles fluviales y fronteras incontrolables explican esta situación.
Por otra parte, la autonomía financiera que los recursos ilícitos -drogas, secuestro- otorgan a los grupos guerrilleros, garantiza la continuidad de la ofensiva contra las fuerzas del Estado. En ese orden de ideas, la guerra de guerrillas es interminable en Colombia, dados los aspectos favorables para estas en lo geográfico y lo económico; por su parte, el ejército es capaz de defender las instituciones y las grandes ciudades, pero no lo es de acabar con las guerrillas por la vía del enfrentamiento militar.
Se puede decir entonces que el conflicto colombiano es un conflicto de perdedores, en el cual se presentan las dos condiciones fundamentales para comenzar un proceso de paz exitoso: un empate mutuamente doloroso, y la voluntad política de negociar entre las partes.
En cuanto al orden cronológico de los conflictos, la primera oleada de grupos guerrilleros se originó luego de la revolución cubana y allí se encuentran las FARC, el ELN y el EPL. La segunda oleada apareció luego de la revolución en Nicaragua y es cuando surgen el M-19, el Quintín Lame o el PRT. Mientras que los movimientos de la segunda oleada consiguen acuerdos de paz, los de la primera se quedaron en la guerra de forma indefinida.
Con las FARC se han realizado cinco procesos de negociación incluyendo el de La Habana, el cual, si se compara con el que adelantó Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán, puede considerarse viable. "Si uno hace todo lo contrario a lo que hizo Pastrana en el Caguán, acierta", dijo Pizarro.
El proceso actual de negociación con las FARC tiene avances significativos y según el conferencista, sus líderes ya "quemaron las naves" pues destaparon sus cartas políticas. Sin embargo, las trabas en el punto de justicia y reparación de víctimas, así como los actos saboteadores que puedan presentarse por parte de los enemigos del proceso, constituyen riesgos que no se pueden menospreciar.
El papel de la Corte Penal Internacional (CPI) representa un problema mayor para la negociación. Si bien el gobierno de Álvaro Uribe desmovilizó a los grupos paramilitares dentro del período de gracia de siete años previo a la entrada en vigencia de la jurisdicción de la CPI en Colombia, las FARC no contarán con esa favorabilidad y la Corte podría obstaculizar lo acordado en La Habana.
Vale la pena tener en cuenta el estigma internacional de la CPI, que es visto como un organismo blanco que castiga a países africanos y a sus líderes, por lo cual existe presión por "desafricanizar" sus investigaciones, y el conflicto más antiguo en la lista de pendientes de la Corte es, para nuestra mala suerte, el colombiano.
Las FARC lograron financiamiento para su actividad guerrillera al relacionarse con el cultivo y comercialización de drogas, y ejecutando delitos como el secuestro y la extorsión. Lo que no visualizaron es que por lo primero se enfrentarían a la justicia de Estados Unidos y por lo segundo a la CPI.
La verificación internacional al cumplimiento del acuerdo puede ser una salida al problema de la intervención internacional. Colombia busca la de la ONU, las FARC proponen la inaceptable compañía de Unasur, y Pizarro propone a Holanda, inteligente opción para hacer un contrapeso a la CPI.
En un probable escenario de postconflicto después de La Habana, surgen preguntas como ¿cuál será la sanción a la cúpula de las FARC? ¿cómo evitar el surgimiento de FARC-crims? o ¿cómo evitar que los desmovilizados entren a las filas del ELN? ¿a quién se entregan las armas y qué se hace con ellas?
Las respuestas se deben dar en el capítulo DDR del acuerdo, es decir, desmovilización, desarme y reintegración. El reto consiste en crear aproximadamente 40.000 roles de vida nuevos para los guerrilleros y sus familias. La modernización del campo es vital en el proceso, de tal forma que se generen redes de profesionales y microempresas agrarias que ofrezcan oportunidades de empleo a los desmovilizados.
De igual manera se necesitarán planes para reacomodar en la economía a un ejército con 250.000 integrantes. Aquí la labor de formación del Sena cobra importancia, al igual que la cooperación con los cascos azules de la ONU, en donde se podría continuar prestando un servicio en las regiones conflictivas del mundo.
Sobre la refrendación de lo que se acuerde en La Habana, dice Pizarro que el referendo es la vía del fracaso, por su complejidad y la división interna hacia el proceso causada por la posición al respecto de Álvaro Uribe. Ya que el gobierno entiende este problema, el camino a seguir es el de las facultades extraordinarias para el Presidente, que permita la expedición de un decreto con fuerza de ley, y la creación de una comisión legislativa especial, para aprobar el referendo simplificado o plebiscito.
Por último, queda analizar el tema de los tiempos para el proceso. El del gobierno, que dura cuatro años. Y el de las FARC, eterno como la insurgencia. El primero juega contra las próximas elecciones, con un voto rural donde los terratenientes están sobrerepresentados y un voto urbano en el que reina la abstención.
El segundo corre sin prisa para la entrada a la política de los guerrilleros. ¿Y cómo juega aquí el ELN? Su entrada al proceso de La Habana será como el vagón más lento que resta velocidad al tren, tomando las palabras de Chucho Bejarano.
El camino es tortuoso y los obstáculos múltiples para alcanzar la paz. El proceso de negociación no solamente es el del gobierno con la guerrilla: es también el del gobierno con la fuerza pública, con los empresarios, con la opinión, con la comunidad internacional. Sin embargo la estructura del proceso de La Habana es sólida, como nunca antes se había logrado, y en eso radica la esperanza de los que soñamos con un país en paz, abierto e inclusivo.
