Lip

Este track es un jam para un cuarteto de rock, con guitarras que pasan por el funk y sonidos más heavy.

El espinoso tema del lactosuero

Un dolor de cabeza. El tema del suero, que es el liquido que queda al producir queso, y su mal uso en Colombia es eso para mi gestión. Demandas contra mis asociados, mala propaganda y competencia salvaje hay alrededor del asunto. Escribí este artículo en el 2012 luego de participar en un congreso en Uruguay en el que expertos hablaban de las posibilidades de generar valor agregado y nutrición -incluso superior a la que ofrece la leche- a partir de productos del suero de leche. La publicación en La República es de junio de ese año (ver artículo aquí).

Lo curioso del caso es que mientras el lactosuero -subproducto de la elaboración del queso- crece a nivel mundial con una infinidad de usos y desarrollo de novedosos productos, en Colombia ciertas voces se han levantado en contra de este insumo, propiciando la satanización del asunto y condenando a todos los productos que contengan el ingrediente. Para el bien de productores, comercializadores, consumidores y autoridades, es hora de dar un debate serio y desapasionado sobre el producto lácteo con mayor crecimiento a nivel mundial, y por qué no, en nuestro país.

El lactosuero no solo hace parte de la composición de distintos derivados lácteos, sino que se trata de un insumo requerido por distintas industrias del sector de alimentos, entre ellas las de panadería, chocolatería y galletería; bebidas energéticas, refrescantes y diversos alimentos funcionales, también cuentan con la presencia del satanizado componente. Por la existencia de tantos usos, junto con las nuevas tendencias y exigencias del consumidor, se explica el crecimiento mundial en el consumo de lactosuero.

¿Y qué sucede entonces en Colombia?

Existe un vacío normativo que deja en el limbo reglamentos técnicos de suma importancia para que tanto productores, como comercializadores y consumidores, tengan claridad sobre los productos que se están desarrollando y llevando al mercado.

Es importante que se expida a la mayor brevedad el decreto de reglamento técnico de derivados lácteos, incluyendo los usos legítimos del lactosuero; porque hay otro tema diferente y de ninguna manera aceptable, que es la adulteración de la leche, situación común dentro de la informalidad que afecta a la cadena láctea. Entendiendo que hay dos situaciones diferentes, no es correcta la satanización del insumo que, como lo presentó Rabobank en su informe, tiene el mayor potencial de crecimiento a nivel mundial.

En países en vía de desarrollo se ha logrado combatir el mal de la desnutrición con productos lácteos que contienen lactosuero, dando así una solución a los problemas de hambre para las poblaciones más vulnerables. Claro, todo esto requiere de un entorno normativo establecido y de conocimiento de todas las partes.

Mayor información, claridad y una justa regulación es lo que necesita este espinoso asunto. Pero no más satanización ni juicios apresurados de valor sobre un ingrediente con gran potencial de desarrollo.

Antecedentes

El lactosuero no solo hace parte de la composición de distintos derivados lácteos, sino que se trata de un insumo requerido por distintas industrias del sector de alimentos, entre ellas las de panadería.

La revolución silenciosa

Este artículo es la segunda parte del anterior sobe la política láctea. Como su nombre lo dice, el contenido es poderoso y logró sacudir a varios líderes, que luego se opusieron al planteamiento. La República lo publicó en marzo de este año (ver artículo en La República aquí).

El campo colombiano está atrapado dentro del círculo vicioso causado por la imprevisión ante los retos que año tras año se presentan, y que condicionan el ciclo productivo de la actividad agropecuaria. El fenómeno de las heladas es recurrente a inicios de año y ya es costumbre oír a productores y a líderes tanto públicos como privados en estos días, solicitando ayudas, créditos, etc., para apaciguar los efectos del tradicional fenómeno climático. Y además viene el Fenómeno del Niño: otro desastre anunciado y para el cual no estamos preparados.

En el sector lácteo sucede igual. Los mencionados factores climatológicos, así como las temporadas de lluvias, definen el ciclo productivo, y no contamos con los instrumentos de política para anticiparnos a los problemas anunciados con meses e incluso años de anticipación.

Una vez se presentan las temporadas de lluvia, la producción de leche crece de manera significativa en las ganaderías menos tecnificadas –que son la mayoría del total nacional– y la industria formal solo es capaz de acopiar la leche que puede comercializar. Recordemos que la industria láctea está regulada en materia de precios mínimos de compra de leche: de esta forma, cuando la oferta de leche crece, el precio de compra debe mantenerse estable y en contra de la lógica económica.

Desde el punto de vista de la demanda, es difícil encontrar compradores para los volúmenes adicionales de producción en el mercado social o aumentar las exportaciones, válvulas de escape del sector en épocas de sobreproducción: los programas de leche escolar se interrumpen en las vacaciones y lo mismo sucede con el abastecimiento de leche y productos lácteos para las poblaciones más vulnerables. En cuanto a la exportación, no tenemos precio y quedamos fuera de competencia frente a nuestros socios comerciales, como es el caso de Argentina, Chile y Uruguay.

Así es como nuestro círculo vicioso lleva la leche que se queda en finca a manos de la informalidad –donde se disminuye drásticamente el precio de compra de la leche, pues aquí no hay ninguna regulación que valga– o a las carreteras del país, como pudimos verlo en las primeras manifestaciones del paro agrario. La problemática láctea jugó un papel definitivo en las protestas a mediados del año 2013.

Dentro de este análisis es fundamental ser crítico y reconocer las imperfecciones que se presentan en la ganadería lechera, en cuanto a la relación industria – ganadero. En la mayoría de los casos, existen acuerdos de palabra, basados en la costumbre y tradición, pero altamente vulnerables a la problemática descrita anteriormente, cuando se presentan las “enlechadas” y se deja de recoger leche en el campo. Entonces, ¿cuál es la solución?

El sector lácteo colombiano requiere de una Política Láctea, cuyo primer elemento es la definición de los contratos de proveeduría entre industria y ganaderos, formalizando así la relación contractual entre las partes y generando confianza entre los eslabones productor y procesador. Debemos llegar a garantizar la compra del 100% de la leche producida en el país, incentivando la formalización, la tributación y la mejora de las condiciones laborales en el campo.

Siendo este el primer paso de una nueva Política Láctea, se requiere definir los tres siguientes, y que guardan estrecha relación con el primero: mejora de la competitividad y reducción de costos de producción (se necesitará una metodología para definir el precio de compra de los volúmenes de leche adicionales que entren al circuito formal); incremento de la cobertura de los programas de leche social –a nivel del ICBF, alcaldías, etc.–; y el posicionamiento de las exportaciones lácteas nacionales.  

Este planteamiento no estará exento de polémica. Los grandes productores de leche del país no le verán utilidad a la Política Láctea, pues su producción tiene la compra asegurada, y el valor de sus tierras –cercanas a las principales capitales– crece a un ritmo especulativo y distorsiona la expectativa de beneficio esperado con la producción de leche. Los contratos de proveeduría y la garantía de compra de la leche colombiana beneficiarán al pequeño productor, y le ayudarán a ser parte de un sector lácteo moderno, incluyente y creciente.     

La formalización de la relación contractual y la garantía de compra del 100% de la leche producida, constituyen la revolución silenciosa que el sector lácteo necesita para convertirse en la potencia regional que merecemos ser. Este es el tipo de debates que debemos dar como sociedad, en el país que se prepara para el postconflicto.  

Para construir la política láctea

Escribí este artículo como eje central de mi trabajo en Asoleche para 2015. Varios periódicos lo publicaron, entre ellos La República (ver artículo en La República aquí), en diciembre de 2014.

El detonante del Paro Agrario.

Cuando se analiza lo sucedido en las primeras manifestaciones agropecuarias, en junio de 2013, se encuentra que la problemática del sector lácteo jugó un papel decisivo en el desarrollo de los movimientos y levantamientos que meses más tarde serían conocidos como Paro Agrario. Asimismo a nivel de gobierno se generaron una serie de medidas para terminarlo, a través del Pacto Agrario. La eficacia de tales medidas aún es discutida, en cuanto a su impacto en términos de mayor productividad y competitividad del campo. Pero esa es otra discusión, pues la reflexión que aquí se plantea es sobre la problemática sectorial mencionada al inicio de estas líneas.

Se trata de la imposibilidad de absorber el total de la producción de leche por parte de la industria láctea formal. Y esto no es nada nuevo. Es algo que sucede periódicamente de acuerdo al ciclo natural del negocio lácteo; de la producción y su estacionalidad. Luego de los fenómenos climatológicos adversos de los años anteriores –verano intenso en 2010 e inundaciones nacionales en 2011–, el anunciado Fenómeno del Niño se descartó hacia finales de 2012, por lo cual la oferta de leche creció en 2013 y así se consolidó la “enlechada” del año pasado.

Los volúmenes adicionales de producción se quedaron en las fincas de pequeños productores, generando un grave problema social. Adicionalmente las importaciones de lácteos del 2012 se realizaron como previsión industrial frente a un posible desabastecimiento por efectos de verano anunciado. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que dichas importaciones equivalen a menos del 7% del total de la producción nacional de leche.

Limitantes de la regulación y del ciclo productivo.

¿Y por qué sucede todo esto? ¿Por qué no comprar toda la leche que se produce en el país? En primer lugar, hay que tener en cuenta la brecha existente entre compradores formales e informales. Mientras los primeros –industria láctea legalmente establecida, que paga impuestos, contribuciones parafiscales y es sujeto de inspección, vigilancia y control por parte de gobierno– están regulados y deben cumplir con el pago de un precio base, los segundos pueden bajar y subir precios libremente, de acuerdo a la coyuntura del mercado, y sin ningún tipo de control ni sanción en caso de traspasar los límites de la resolución 17 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

En segundo lugar, la industria absorbe la oferta de leche fresca que está en capacidad de comercializar en el mercado interno o en mercados de exportación. Si no hay espacio para posicionar los volúmenes adicionales de producción, se procesará la cantidad de leche extra que pueda mantenerse en inventarios, como contingencia pero nunca como solución estructural, por lo cual en cuestión de poco tiempo la “enlechada” se manifestará en el campo.        

Impacto del acopio industrial.

Vale la pena mencionar el esfuerzo que se lleva a cabo para incrementar las compras de leche fresca. La industria láctea compró a productores de leche colombianos 3.291 millones de litros durante el año 2014, lo cual corresponde a un total superior al de 2013 en un 4.72%.  

Es así como año tras año la industria logra formalizar parte de la producción de leche. Sin embargo, para generar un cambio trascendental, que permita la consolidación de un sistema lácteo nacional productivo, competitivo y generador de bienestar y progreso en el campo, se requiere de una política láctea integral, que responda a la problemática del sector, sus ciclos y estacionalidades, y que promueva el desarrollo de nuevos mercados.

Elementos para la Política Láctea.

La leche que se queda en finca en épocas de abundancia, así como la informalidad del mercado lácteo, deben ser vistas como oportunidad de crecimiento para el sector. Se trata de una oferta de leche que, bajo la ejecución de una política láctea integral, permitiría al país posicionarse en mercados de exportación, garantizando la disponibilidad de productos para compradores externos, sostenida en el tiempo y aprovechando el proceso de inserción internacional de la economía colombiana. Porque actualmente las exportaciones lácteas del país son oportunistas, responden a situaciones coyunturales y no tienen continuidad. 

Los elementos para una política láctea integral: en primer lugar, garantizar la absorción industrial de la leche producida en el país, a través de contratos de proveeduría que fortalezcan el vínculo entre productor e industria. En segundo lugar, y directamente relacionado con el anterior, tener un precio de compra para los volúmenes adicionales de producción, con referencia a los precios internacionales más competitivos. Tanto los volúmenes adicionales de la producción como su precio de compra, deberán ser definidos a través de un estudio técnico económico elaborado por un ente imparcial.

En tercer lugar, promover la exportación de los volúmenes de producción adicionales que entren al sistema formal, para consolidar al país como potencia exportadora de leche y derivados lácteos. Aquí debe revisarse la relevancia de las exportaciones a nivel país, mediante alianzas y sociedades de industria y productores de leche. Por último, incrementar el consumo interno a través de programas de alimentación sostenidos en el tiempo, como parte de una estrategia integral de promoción al consumo de leche y sus derivados.

El sector lácteo debe contar con un instrumento de parafiscalidad eficiente, que promueva la mayor productividad del sector y actúe como mecanismo de estabilización de precios y fomento a la exportación. Los recursos parafiscales tienen la naturaleza de recursos públicos, por lo cual su administración debe estar sujeta a los más altos estándares de transparencia.

El actual momento tiene una connotación única para el sector lácteo colombiano. Existen amenazas pero también oportunidades; tenemos falencias en competitividad pero también una cultura ganadera y lechera posicionada a nivel nacional, así como un eslabón industrial que invierte continuamente en tecnología de proceso y desarrollo de productos.

En medio del proceso de apertura comercial en el que nos encontramos hay riesgos, pero asimismo debe verse este momento como la ocasión para dar un vuelco al sector, que genere crecimiento y bienestar en el campo, a través de una Política Láctea Integral que propenda por el desarrollo lácteo en todos los eslabones de la cadena productiva.

H.A.S.S.

H.A.S.S. Los hippies adictos sadomasoquistas satánicos era la pandilla juvenil a la cual pertenecía el Niño Rata, personaje de una serie de historietas creada por Diego Patiño a finales de los años noventa. 

Tripperatti

Tripperatti es un track que combina dos de mis intereses musicales a lo largo de tres minutos: afinaciones alternativas en la guitarra y percusiones acústicas y programadas.

Bureta L

A partir de esta entrada publicaré algunos de los trabajos de este año de mi estudio, Logoinvencion, proyecto que navega entre el rock y la electrónica. Este track se llama Bureta L y pertenece al primer género.

Evolución del consumo de lácteos en Colombia

Mi artículo publicado en el diario La República del 11 de diciembre de 2015 (ver artículo en LR)

Colombia es un país en el que predomina el consumo de productos lácteos frescos. Las leches líquidas y los quesos frescos como el campesino o el doble crema representan los mayores volúmenes de comercialización de lácteos a nivel nacional. A nivel latinoamericano, Colombia tiene el quinto mayor consumo per capita de lácteos de la región.

El consumo de leches líquidas en Colombia es el segundo más alto de Suramérica, después de Costa Rica. La dinámica interna de la leche larga vida es fundamental para entender este proceso y las cifras así lo evidencian: en el período 2007-2014 la categoría se duplicó, con un crecimiento del 102%.

Los quesos frescos tienen un crecimiento similar en el mismo lapso de tiempo, con un incremento del 105%. Los productos con tendencia negativa son la leche pasteurizada (-53%) y la leche en polvo (-31%), lo cual se explica por la migración del consumo hacia las leches larga vida en el primer caso, y por la llegada de la materia prima importada, para el segundo. 

El consumo industrial de la principal materia prima láctea, proveniente del acopio nacional de leche fresca colombiana, es un indicador relevante del comportamiento del consumo nacional, por lo cual la información suministrada por la Unidad de Seguimiento de Precios (USP) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) es un instrumento de gran importancia para la política sectorial; dicha información refleja un comportamiento positivo del consumo industrial de leche fresca, producida en el país.

Al normalizar los datos del período comprendido entre los años 2007 y 2014, se encuentra que el acopio industrial creció en un 50% en este lapso de tiempo, mientras que la producción permanece relativamente estable. Esto nos lleva a concluir que el sector lácteo avanza en el proceso de formalización de la producción.

Mientras que el dato de la producción de leche se obtiene una vez al año (a través de la Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA), el acopio industrial de leche fresca es monitoreado mensualmente por la USP. Por esta razón, se considera oportuno monitorear el consumo aparente como el resultado de la sumatoria de acopio industrial (A) e importaciones (M) y la resta de las exportaciones (X). De esta forma se obtiene información acerca del consumo aparente en cuanto al sector lácteo formal. El resultado es un incremento del consumo aparente, del orden del 29.8% en el período comprendido entre los años 2010 y 2014.

El comportamiento del comercio exterior cobra importancia en estos años, con exportaciones estacionales y dependientes de instrumentos de política pública para su promoción (compensaciones del FEP y/o apoyos del MADR), cercanas a las 10.000 toneladas (2014), y unas importaciones crecientes en el tiempo, inferiores a 30.000 toneladas (2014), pero que no afectan el crecimiento del acopio de leche producida en Colombia. 

Vale la pena mencionar que el comercio exterior tiene una participación mínima sobre el total de la producción láctea colombiana, de alrededor de 6.500 millones de litros al año, tanto en el caso de las exportaciones (menos del 2%) como en el de las importaciones (menos del 6%) de leche y derivados lácteos. Por lo anterior, se deduce que la dinámica del mercado interno explica el comportamiento positivo ya mencionado de la cadena láctea.

En resumen, el sector lácteo avanza en un proceso de formalización, con niveles de producción relativamente estables, y niveles de acopio y comercialización de productos lácteos crecientes, mientras que la participación del comercio exterior es marginal dado el tamaño del mercado interno. El consumo per cápita global es el quinto mayor de Latinoamérica, sin embargo hay oportunidades para crecer y alcanzar el nivel recomendado por la FAO, de 170 litros.

Consolidar el crecimiento del consumo es una tarea de largo plazo, y va más allá de la publicación de un par de avisos en los periódicos o en las terminales de los aeropuertos, hechos importantes pero insuficientes. En la próxima columna presentaremos algunas recomendaciones para llevar a cabo una estrategia integral de promoción al consumo de leche y sus derivados.

Procesos de paz: de La Uribe a La Habana

Apuntes sobre el tercer módulo del curso de Obra Semana, sobre guerras y procesos de paz.

El conferencista Eduardo Pizarro Leongómez es miembro de una familia interesante y en la que se encuentran importantes burócratas, académicos y revolucionarios. Conoce de primera mano la historia de la guerra y la paz en Colombia, y es un destacado estudioso y autor sobre el tema.

Siendo el conflicto armado interno uno de los nueve más prolongados del mundo, la experiencia en materia de procesos de paz es de igual forma extensa en Colombia. El primer proceso lo inició en 1984 el entonces Presidente Belisario Betancur, con Carlos Lleras Restrepo como primer presidente de la Comisión de Paz, seguido luego de su renuncia por Otto Morales Benítez, quien a su vez dejó el cargo manifestando que existían numerosos "enemigos agazapados de la paz". 

La paz fue el tema central del gobierno de Betancur, buscando terminar el conflicto con el M-19, lo cual lo llevó al enfrentamiento con la cúpula militar, que buscaba la victoria definitiva a través de las armas, al haber sufrido derrotas en múltiples combates con el grupo guerrillero. En este contexto de iniciativa presidencial por la paz, militares en contra de ella y grupos guerrilleros en combate, se da la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla y la retoma del ejército. Las heridas de este capítulo de la historia contemporánea siguen abiertas y apenas comienza a conocerse la verdad sobre el sangriento episodio que sucedió hace treinta años.

El modelo de negociación colombiano que inicia en 1984 y continúa hasta la fecha, se caracteriza por ser bilateral, entre el gobierno y un movimiento guerrillero a la vez. Esto conlleva a la existencia de varios postconflictos y al estado de guerra permanente del Estado, que negocia con un grupo, pero sigue en combate con el resto (M-19, EPL, Quintín Lame, etc).

Las características naturales de Colombia definen la problemática y la extensión en el tiempo del conflicto armado. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard ubica a Colombia en el segundo puesto mundial en cuanto a complejidad geográfica, después de Afganistán. Tres cordilleras, diversos valles fluviales y fronteras incontrolables explican esta situación. 

Por otra parte, la autonomía financiera que los recursos ilícitos -drogas, secuestro- otorgan a los grupos guerrilleros, garantiza la continuidad de la ofensiva contra las fuerzas del Estado. En ese orden de ideas, la guerra de guerrillas es interminable en Colombia, dados los aspectos favorables para estas en lo geográfico y lo económico; por su parte, el ejército es capaz de defender las instituciones y las grandes ciudades, pero no lo es de acabar con las guerrillas por la vía del enfrentamiento militar.

Se puede decir entonces que el conflicto colombiano es un conflicto de perdedores, en el cual se presentan las dos condiciones fundamentales para comenzar un proceso de paz exitoso: un empate mutuamente doloroso, y la voluntad política de negociar entre las partes.

En cuanto al orden cronológico de los conflictos, la primera oleada de grupos guerrilleros se originó luego de la revolución cubana y allí se encuentran las FARC, el ELN y el EPL. La segunda oleada apareció luego de la revolución en Nicaragua y es cuando surgen el M-19, el Quintín Lame o el PRT. Mientras que los movimientos de la segunda oleada consiguen acuerdos de paz, los de la primera se quedaron en la guerra de forma indefinida. 

Con las FARC se han realizado cinco procesos de negociación incluyendo el de La Habana, el cual, si se compara con el que adelantó Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán, puede considerarse viable. "Si uno hace todo lo contrario a lo que hizo Pastrana en el Caguán, acierta", dijo Pizarro.

El proceso actual de negociación con las FARC tiene avances significativos y según el conferencista, sus líderes ya "quemaron las naves" pues destaparon sus cartas políticas. Sin embargo, las trabas en el punto de justicia y reparación de víctimas, así como los actos saboteadores que puedan presentarse por parte de los enemigos del proceso, constituyen riesgos que no se pueden menospreciar. 

El papel de la Corte Penal Internacional (CPI) representa un problema mayor para la negociación. Si bien el gobierno de Álvaro Uribe desmovilizó a los grupos paramilitares dentro del período de gracia de siete años previo a la entrada en vigencia de la jurisdicción de la CPI en Colombia, las FARC no contarán con esa favorabilidad y la Corte podría obstaculizar lo acordado en La Habana. 

Vale la pena tener en cuenta el estigma internacional de la CPI, que es visto como un organismo blanco que castiga a países africanos y a sus líderes, por lo cual existe presión por "desafricanizar" sus investigaciones, y el conflicto más antiguo en la lista de pendientes de la Corte es, para nuestra mala suerte, el colombiano.

Las FARC lograron financiamiento para su actividad guerrillera al relacionarse con el cultivo y comercialización de drogas, y ejecutando delitos como el secuestro y la extorsión. Lo que no visualizaron es que por lo primero se enfrentarían a la justicia de Estados Unidos y por lo segundo a la CPI.

La verificación internacional al cumplimiento del acuerdo puede ser una salida al problema de la intervención internacional. Colombia busca la de la ONU, las FARC proponen la inaceptable compañía de Unasur, y Pizarro propone a Holanda, inteligente opción para hacer un contrapeso a la CPI.

En un probable escenario de postconflicto después de La Habana, surgen preguntas como ¿cuál será la sanción a la cúpula de las FARC? ¿cómo evitar el surgimiento de FARC-crims? o ¿cómo evitar que los desmovilizados entren a las filas del ELN? ¿a quién se entregan las armas y qué se hace con ellas? 

Las respuestas se deben dar en el capítulo DDR del acuerdo, es decir, desmovilización, desarme y reintegración. El reto consiste en crear aproximadamente 40.000 roles de vida nuevos para los guerrilleros y sus familias. La modernización del campo es vital en el proceso, de tal forma que se generen redes de profesionales y microempresas agrarias que ofrezcan oportunidades de empleo a los desmovilizados. 

De igual manera se necesitarán planes para reacomodar en la economía a un ejército con 250.000 integrantes. Aquí la labor de formación del Sena cobra importancia, al igual que la cooperación con los cascos azules de la ONU, en donde se podría continuar prestando un servicio en las regiones conflictivas del mundo.

Sobre la refrendación de lo que se acuerde en La Habana, dice Pizarro que el referendo es la vía del fracaso, por su complejidad y la división interna hacia el proceso causada por la posición al respecto de Álvaro Uribe. Ya que el gobierno entiende este problema, el camino a seguir es el de las facultades extraordinarias para el Presidente, que permita la expedición de un decreto con fuerza de ley, y la creación de una comisión legislativa especial, para aprobar el referendo simplificado o plebiscito.

Por último, queda analizar el tema de los tiempos para el proceso. El del gobierno, que dura cuatro años. Y el de las FARC, eterno como la insurgencia. El primero juega contra las próximas elecciones, con un voto rural donde los terratenientes están sobrerepresentados y un voto urbano en el que reina la abstención. 

El segundo corre sin prisa para la entrada a la política de los guerrilleros. ¿Y cómo juega aquí el ELN? Su entrada al proceso de La Habana será como el vagón más lento que resta velocidad al tren, tomando las palabras de Chucho Bejarano.

El camino es tortuoso y los obstáculos múltiples para alcanzar la paz. El proceso de negociación no solamente es el del gobierno con la guerrilla: es también el del gobierno con la fuerza pública, con los empresarios, con la opinión, con la comunidad internacional. Sin embargo la estructura del proceso de La Habana es sólida, como nunca antes se había logrado, y en eso radica la esperanza de los que soñamos con un país en paz, abierto e inclusivo.

Una revolución pendiente

La pelea entre el sector del azúcar y el gobierno se desarrolla en varios frentes: uno, mediante la investigación de la Superindustria por prácticas restrictivas de la competencia y la imposición de barreras al libre comercio por parte del gremio de los ingenios y sus asociados; dos, en el Mincomercio a través de la elaboración de un decreto para reducir el arancel a la importación de azúcar; tres, en el Minsalud que prepara medidas para fomentar la alimentación saludable, a través de impuestos a las bebidas de alto contenido calórico -léase azucaradas, como las gaseosas- y cuatro, en los medios de comunicación, donde los empresarios acaparan las primeras páginas. 

El propietario de un importante ingenio lo es también de una cadena de radio y televisión a través de la cual da la batalla y mientras tanto, ataca el proceso de paz con las Farc al mejor estilo ultraconservador y apocalíptico (Ver más al respecto en Paz agridulce). 

Meses atrás, el congreso anual de los productores de azúcar fue el escenario en el que se planteó el enérgico rechazo del sector a los procesos regulatorios adelantados por entidades del gobierno y en contra de la producción de azúcar. Los dirigentes del sector manipularon hábilmente a la base trabajadora, para culpar al sector público por la situación actual del negocio de la caña. 

Lo del Congreso cañero se trató de una manipulación, ya que el motivo que agrupó a los trabajadores en el congreso fue el acceso limitado que tienen a la seguridad social, dada su vinculación laboral a través de cooperativas de trabajo asociado, engendro jurídico que beneficia las finanzas del empleador y resta cobertura al trabajador. Esa era la solicitud de los trabajadores, y los jefes supieron desviar la atención hacia el enemigo externo que no permite mejorar las condiciones -incluso las laborales- del sector: el gobierno y su estrategia de persecución al azúcar.

Peor aún, los dirigentes de la izquierda se sumaron al plan, al alinearse en el interés compartido con los empresarios de cuestionar y hacer oposición a gobierno, pero desconociendo la ventajosa posición que tiene el azúcar en Colombia, a través de numerosos instrumentos de política pública estructurados para su apoyo -fondo de estabilización de precios, aranceles altos, subsidios a la producción- y que contrastan con las precarias condiciones laborales que este sector ofrece a los campesinos.

La situación sirve para pensar sobre una necesidad de la base de trabajadores en el campo -y también en la ciudad-, la cual es sencilla y de ninguna forma cuestionable: el acceso a la seguridad social. En un país como Colombia, con sus niveles de pobreza y desigualdad, una revolución pendiente y que brilla por su ausencia en los discursos electorales, es aquella por la cual se garantice el acceso universal a la seguridad social, -salud, pensión, riesgos profesionales- y con estándares de calidad que generen bienestar para la población.    

Esta es una idea radical para mejorar el bienestar en el país, a partir de la formulación de una política pública -acceso integral a la seguridad social- y del compromiso de los empleadores en generar puestos de trabajo acordes a la política. Cuántos problemas se ahorraría el país si se generaran condiciones justas para los trabajadores. No es nada diferente a cumplir la ley que se aplica para unos pocos.

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