La pelea entre el sector del azúcar y el gobierno se desarrolla en varios frentes: uno, mediante la investigación de la Superindustria por prácticas restrictivas de la competencia y la imposición de barreras al libre comercio por parte del gremio de los ingenios y sus asociados; dos, en el Mincomercio a través de la elaboración de un decreto para reducir el arancel a la importación de azúcar; tres, en el Minsalud que prepara medidas para fomentar la alimentación saludable, a través de impuestos a las bebidas de alto contenido calórico -léase azucaradas, como las gaseosas- y cuatro, en los medios de comunicación, donde los empresarios acaparan las primeras páginas.
El propietario de un importante ingenio lo es también de una cadena de radio y televisión a través de la cual da la batalla y mientras tanto, ataca el proceso de paz con las Farc al mejor estilo ultraconservador y apocalíptico (Ver más al respecto en Paz agridulce).
Meses atrás, el congreso anual de los productores de azúcar fue el escenario en el que se planteó el enérgico rechazo del sector a los procesos regulatorios adelantados por entidades del gobierno y en contra de la producción de azúcar. Los dirigentes del sector manipularon hábilmente a la base trabajadora, para culpar al sector público por la situación actual del negocio de la caña.
Lo del Congreso cañero se trató de una manipulación, ya que el motivo que agrupó a los trabajadores en el congreso fue el acceso limitado que tienen a la seguridad social, dada su vinculación laboral a través de cooperativas de trabajo asociado, engendro jurídico que beneficia las finanzas del empleador y resta cobertura al trabajador. Esa era la solicitud de los trabajadores, y los jefes supieron desviar la atención hacia el enemigo externo que no permite mejorar las condiciones -incluso las laborales- del sector: el gobierno y su estrategia de persecución al azúcar.
Peor aún, los dirigentes de la izquierda se sumaron al plan, al alinearse en el interés compartido con los empresarios de cuestionar y hacer oposición a gobierno, pero desconociendo la ventajosa posición que tiene el azúcar en Colombia, a través de numerosos instrumentos de política pública estructurados para su apoyo -fondo de estabilización de precios, aranceles altos, subsidios a la producción- y que contrastan con las precarias condiciones laborales que este sector ofrece a los campesinos.
La situación sirve para pensar sobre una necesidad de la base de trabajadores en el campo -y también en la ciudad-, la cual es sencilla y de ninguna forma cuestionable: el acceso a la seguridad social. En un país como Colombia, con sus niveles de pobreza y desigualdad, una revolución pendiente y que brilla por su ausencia en los discursos electorales, es aquella por la cual se garantice el acceso universal a la seguridad social, -salud, pensión, riesgos profesionales- y con estándares de calidad que generen bienestar para la población.
Esta es una idea radical para mejorar el bienestar en el país, a partir de la formulación de una política pública -acceso integral a la seguridad social- y del compromiso de los empleadores en generar puestos de trabajo acordes a la política. Cuántos problemas se ahorraría el país si se generaran condiciones justas para los trabajadores. No es nada diferente a cumplir la ley que se aplica para unos pocos.
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