Este artículo es la segunda parte del anterior sobe la política láctea. Como su nombre lo dice, el contenido es poderoso y logró sacudir a varios líderes, que luego se opusieron al planteamiento. La República lo publicó en marzo de este año (ver artículo en La República aquí).
El campo colombiano está atrapado dentro del círculo
vicioso causado por la imprevisión ante los retos que año tras año se
presentan, y que condicionan el ciclo productivo de la actividad agropecuaria.
El fenómeno de las heladas es recurrente a inicios de año y ya es costumbre oír
a productores y a líderes tanto públicos como privados en estos días,
solicitando ayudas, créditos, etc., para apaciguar los efectos del tradicional
fenómeno climático. Y además viene el Fenómeno del Niño: otro desastre
anunciado y para el cual no estamos preparados.
En el sector lácteo sucede igual. Los mencionados
factores climatológicos, así como las temporadas de lluvias, definen el ciclo
productivo, y no contamos con los instrumentos de política para anticiparnos a
los problemas anunciados con meses e incluso años de anticipación.
Una vez se presentan las temporadas de lluvia, la producción
de leche crece de manera significativa en las ganaderías menos tecnificadas
–que son la mayoría del total nacional– y la industria formal solo es capaz de
acopiar la leche que puede comercializar. Recordemos que la industria láctea
está regulada en materia de precios mínimos de compra de leche: de esta forma,
cuando la oferta de leche crece, el precio de compra debe mantenerse estable y en
contra de la lógica económica.
Desde el punto de vista de la demanda, es difícil
encontrar compradores para los volúmenes adicionales de producción en el
mercado social o aumentar las exportaciones, válvulas de escape del sector en
épocas de sobreproducción: los programas de leche escolar se interrumpen en las
vacaciones y lo mismo sucede con el abastecimiento de leche y productos lácteos
para las poblaciones más vulnerables. En cuanto a la exportación, no tenemos
precio y quedamos fuera de competencia frente a nuestros socios comerciales,
como es el caso de Argentina, Chile y Uruguay.
Así es como nuestro círculo vicioso lleva la leche que
se queda en finca a manos de la informalidad –donde se disminuye drásticamente
el precio de compra de la leche, pues aquí no hay ninguna regulación que valga–
o a las carreteras del país, como pudimos verlo en las primeras manifestaciones
del paro agrario. La problemática láctea jugó un papel definitivo en las protestas
a mediados del año 2013.
Dentro de este análisis es fundamental ser crítico y
reconocer las imperfecciones que se presentan en la ganadería lechera, en
cuanto a la relación industria – ganadero. En la mayoría de los casos, existen
acuerdos de palabra, basados en la costumbre y tradición, pero altamente
vulnerables a la problemática descrita anteriormente, cuando se presentan las
“enlechadas” y se deja de recoger leche en el campo. Entonces, ¿cuál es la
solución?
El sector lácteo colombiano requiere de una Política Láctea, cuyo primer elemento
es la definición de los contratos de proveeduría entre industria y ganaderos,
formalizando así la relación contractual entre las partes y generando confianza
entre los eslabones productor y procesador. Debemos llegar a garantizar la
compra del 100% de la leche producida en el país, incentivando la formalización,
la tributación y la mejora de las condiciones laborales en el campo.
Siendo este el primer paso de una nueva Política Láctea, se requiere definir
los tres siguientes, y que guardan estrecha relación con el primero: mejora de
la competitividad y reducción de costos de producción (se necesitará una
metodología para definir el precio de compra de los volúmenes de leche
adicionales que entren al circuito formal); incremento de la cobertura de los
programas de leche social –a nivel del ICBF, alcaldías, etc.–; y el
posicionamiento de las exportaciones lácteas nacionales.
Este planteamiento no estará exento de polémica. Los
grandes productores de leche del país no le verán utilidad a la Política Láctea, pues su producción
tiene la compra asegurada, y el valor de sus tierras –cercanas a las
principales capitales– crece a un ritmo especulativo y distorsiona la
expectativa de beneficio esperado con la producción de leche. Los contratos de
proveeduría y la garantía de compra de la leche colombiana beneficiarán al
pequeño productor, y le ayudarán a ser parte de un sector lácteo moderno,
incluyente y creciente.
La formalización de la relación contractual y la
garantía de compra del 100% de la leche producida, constituyen la revolución
silenciosa que el sector lácteo necesita para convertirse en la potencia
regional que merecemos ser. Este es el tipo de debates que debemos dar como
sociedad, en el país que se prepara para el postconflicto.
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