En El Espectador de hoy se
encuentra como noticia principal, a la polémica desatada por cuenta de los indicios
de participación indebida en política del Vicepresidente Vargas Lleras y del
Ministro Cristo, al entregar importantes obras de infraestructura en el caso
del primero, y orientar el debate electoral hacia el apoyo del proceso de paz
en el segundo. Todo lo anterior, en vísperas de las elecciones locales.
La participación indebida en
política es un concepto inaplicable y mojigato. La función de los altos
ejecutivos del gobierno es fundamentalmente política, pues su carrera se
construye en el terreno de la política, son elegidos gracias a los méritos obtenidos
en ella, y sus actos tienen impacto sobre los distintos niveles de la sociedad
a través de decisiones e instrumentos de política pública. Pensar que en
Colombia un acto público carezca de implicaciones electorales es desconocer la
realidad del debate público, así guste o no.
Es ingenuo considerar a los actos
de gobierno como hechos exentos de repercusiones en los distintos ámbitos de la
sociedad. Si el gobierno realiza obras, y las entrega bien hechas, es justo que
por ello se obtengan réditos en términos de opinión favorable y visibilidad en
los medios y redes sociales. Ese es el juego de la política.
El escenario que plantea la
regulación de la participación en política es ideal para la oposición –de nuevo
derecha e izquierda unidos en exótica pareja, como se mencionó en Paz Agridulce–, que encuentra en este
debate munición infinita para atacar al gobierno, gracias al concepto efímero
de dicha norma. Esto conlleva a la parálisis del estado en épocas
preelectorales, razón por la cual se dejan de atender los distintos compromisos
de gobierno, por temor a la intervención de los entes de vigilancia y control.
Una actitud de avanzada para la
oposición, sería la de cuestionar las obras o acciones en su carácter
particular –impacto social, ambiental, costo-beneficio– y no en la vaga generalidad
respecto a supuestas acciones indebidas. Esto llevaría a un ejercicio técnico y
profundo del debate, y permitiría al electorado tener mayor nivel de
información sobre las opciones disponibles para su voto.
Lo peor del asunto son las
implicaciones en cuanto a la negociación política por debajo de cuerda y la
corrupción a la cual esta conlleva. Si no se puede hacer política abiertamente,
se realizará por otros medios, seguramente nada transparentes, dándole así cancha
al clientelismo y a todo tipo de malas prácticas. Aquí se aplica el mismo
incentivo perverso del prohibicionismo hacia el consumo de alcohol o drogas: la
actividad continúa y se fortalece en las sombras, creando monstruos peores a
los que se pretendía combatir.
En un país como Colombia, con
pésima infraestructura vial y un conflicto armado de más de cincuenta años, es
válido que el debate electoral incluya acciones como las que se anuncian por
estos días, en términos de mejorar la competitividad del país y acercarnos a la
reconciliación nacional, a través del tortuoso camino que se recorre en La
Habana.
La Oscura Ciudad en Twitter:
@oscura_ciudad
@logoinvencion
No hay comentarios:
Publicar un comentario