La producción de azúcar es uno de
los renglones más significativos y tradicionales de la agricultura colombiana. La
belleza del paisaje de los campos sembrados con caña de azúcar en departamentos
como el Valle del Cauca, contrasta con la polémica que genera la interrelación
de productores, el gobierno y los medios de comunicación. Todo lo anterior en
medio de un escenario de negociaciones con la guerrilla de las Farc y el
tortuoso camino hacia la construcción de la paz, entendida esta no solo como la
ausencia de guerra, sino como el replanteamiento de las relaciones
socioeconómicas del país, y por obligación de las existentes en el campo, lugar
de nacimiento del conflicto armado.
Pero, ¿qué relación existe en el
sancocho de temas aquí planteado? Empecemos por lo último, acerca de la
relación del campo y la paz. Los líderes –la mayoría– de los gremios de la
producción agropecuaria han manifestado abiertamente sus reservas al proceso de
paz mientras que otros –la furibunda minoría– se han declarado abiertamente
enemigos del mismo. El año pasado causó una fuerte impresión la propaganda de
televisión en la que tres relevantes dirigentes gremiales apoyaron al candidato
a la presidencia del Centro Democrático, con un fuerte apretón de manos a la
entrada de la oficina de uno de ellos, con tan mala suerte que fue reelegido
Juan Manuel Santos y sus entidades quedaron en una incómoda situación frente al
Presidente de la República. El azúcar no estuvo presente en tan bochornoso
incidente, pero sus líderes usarían los medios de comunicación más adelante.
La Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC) cumple con un papel fundamental y gracias a la ley de
competencia y el estatuto del consumidor, cuenta con amplias facultades que le
permiten intervenir en el mercado, en defensa de la libre interacción de oferta
y demanda y del acceso a los productos a precios razonables y en condiciones
apropiadas de suministro de información al consumidor. En ese orden de ideas la
SIC anunció públicamente la investigación al sector azucarero por prácticas
restrictivas de la competencia, acuerdos de precios y restricciones por fuera
de la ley a las importaciones de azúcar. El contexto de la investigación lo
presentó públicamente el Presidente Santos en distintos foros, al llamar la
atención sobre el hecho de que un ama de casa colombiana pague uno de los
precios del azúcar más altos del mundo, cuando la producción nacional es una de
las más desarrolladas y competitivas a escala global.
La defensa del gremio azucarero
fue igual de elocuente a través de los medios de comunicación y su argumento se
basó en las facultades que dos instrumentos de política pública le otorgan al
sector: el sistema andino de franja de precios (SAFP) y el fondo de
estabilización de precios del azúcar (FEPA). El primero permite la fijación de
aranceles variables a la importación para proteger al mercado interno de las
fluctuaciones de los precios internacionales del azúcar; el segundo promueve
las exportaciones a través de operaciones de cesión, que consisten en el aporte
de los productores al FEPA cuando el precio internacional es menor al interno,
y de compensación, pago del FEPA a los productores cuando el precio interno
supera al internacional. De esta forma, la ley otorga al gremio azucarero
poderosos instrumentos de intervención de mercado. Las acusaciones se fueron
diluyendo, en medio de las diarias apariciones en medios de distintos voceros
de la gremialidad azucarera, y entre nuevos comunicados de las autoridades que
le bajaron el tono al cuestionamiento, incluyendo autocrítica respecto a
errores procesales. Una importante cadena de radio y televisión privada le dio
amplio cubrimiento a esta fase del debate, alternando el tema con un enfoque
periodístico cada vez más hostil hacia el proceso de paz, al estilo del
periodismo ultraconservador norteamericano.
El nuevo frente de batalla se
originó en el Ministerio de Salud, que llamó la atención sobre la necesidad de
mejorar la dieta de los colombianos –cada vez más gordos, así suene increíble
en un país con hambre, pero de fatales contrastes– vía impuestos a las bebidas
con alto contenido de azúcar, es decir las gaseosas. Algún nutricionista habló
de la inconveniencia técnica de la medida y empresarios mencionaron el nocivo
impacto de la medida para el bolsillo del consumidor. Otro debate que se diluyó
como azúcar en agua.
El tercer round sucedió en el
Ministerio de Comercio, desde el cual se anunció la inminente disminución del
arancel del azúcar, de un nivel por encima del 100%, a un reducido pero
suficientemente obeso nivel del 70%. ¿Quién dijo miedo? A continuación se
produjo un congreso cañero y miles de productores rechazaron esta y todas las
medidas de gobierno anteriormente mencionadas. Un destacado congresista del
Polo Democrático se unió a las voces de los cañeros en dicho concilio, como
parte de ese exótico juego de intereses criollos en el cual la izquierda defiende
los intereses económicos del sector de derecha, alineados en la causa común en
contra de gobierno.
Pero algo suena contradictorio en
lo aquí descrito: si los impuestos subirían los precios de productos
azucarados, la reducción de aranceles tendería a reducirlos. ¿Se trata de
medidas incoherentes y desalineadas entre distintas autoridades de gobierno, o
por el contrario, movimientos estratégicos, sacrificando metas intermedias para
la obtención de un objetivo superior? Hasta el momento no se generan nuevos
impuestos, no se disminuyen los aranceles, ni mucho menos hay sanciones por
violaciones al régimen de competencia en el sector azucarero. Ah, pero ya
anunció el Presidente, a través de todos los medios de comunicación, la fecha
para la firma del acuerdo de paz. ¡Brillante jugada!
P.S. La SIC acaba de anunciar
millonarias sanciones a entidades y líderes del sector azucarero, por obstaculizar
la llegada de nuevos competidores internacionales al mercado colombiano. La defensa
del lado dulce de la historia, afirma fallas en el debido proceso y que tales hechos
no habían sido incluidos previamente en las investigaciones.
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